Precisamente, en dicho manifiesto, el CERMI estatal pone de manifiesto que, pese a la existencia de tratados internacionales ratificados por España como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las mujeres con discapacidad no gozan de sus derechos políticos en igualdad de condiciones que las demás personas, ya que el derecho al voto está negado para muchas, a las que se incapacita judicialmente perdiendo por tanto su capacidad jurídica y su igualdad ante la ley.

 

Por otra parte, además, tal y como pone de relieve el manifiesto, el colectivo de mujeres con discapacidad apenas participa en la formulación de políticas públicas, pese a que les afecten directamente, y en pocas ocasiones ostentan cargos ejecutivos en la esfera pública o en las organizaciones no gubernamentales.

 

Además, según recoge el citado documento, la situación de doble discriminación y de exclusión social de las mujeres y niñas con discapacidad sigue siendo un problema de primer orden que exige “la adopción de medidas específicas que incidan sobre las causas reales que le dan origen”. Sin ir más lejos, es importante resaltar que el 17,3% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza extrema, tasa que triplica la de la población española (6,4%).

 

Por todo ello, en el manifiesto, que se hizo público en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el CERMI estatal demanda que se desarrolle con urgencia una investigación que se centre en la revisión de las incapacitaciones judiciales que afectan al derecho de sufragio de las mujeres con discapacidad. También pide que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad en todas las disposiciones legislativas, así como en cualquier política e iniciativa en materia de discapacidad o de género.

 

Cabe resaltar, del mismo modo, que el manifiesto también reclama la inclusión de los asuntos específicos de las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas sociales desarrolladas por el Tercer Sector en general y por las organizaciones de la discapacidad en particular, especialmente en lo relativo a la violencia y el abuso, a la maternidad y a los derechos sexuales y reproductivos.

 

Por último, el manifiesto reclama la utilización eficaz y eficiente de los instrumentos de financiación de la Unión Europea (UE), y en particular de los Fondos Estructurales, para poner fin a la discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.